Los funcionarios temen quedarse sin el privilegio de tener seguro privado

Muface, la mutualidad que presta asistencia sanitaria privada a los funcionarios civiles del Estado, podría estar en vías de extinción si se mantiene el modelo actual, sometido a incertidumbres económicas y de gestión y elevadas cifras de fraude. Apenas ha cambiado en 35 años y últimamente han renacido las preocupaciones por los vaivenes a causa de la salida de varias aseguradoras del concierto y la progresiva merma de fondos de la Administración para financiarlo

Todos lo cuestionan: ni salen las cuentas ni convence a muchas compañías, algunas de las cuales ya decidieron no renovar el convenio de colaboración con la Administración. Hay compañías que defienden este modelo asistencial de gestión público-privada porque genera ahorro al sistema, pero otros expertos cifran entre 60 y 70 millones de euros el sobrecoste anual que genera a las arcas públicas, entre otros aspectos, por las elevadas cifras de fraude, que ronda el 40%, y el retorno de pacientes de cobertura privada a la Seguridad Social. Pese a las crecientes voces críticas, el servicio se seguirá prestando, al menos de momento, asegura el Gobierno. Lo que no se sabe con certeza es hasta cuándo.

El Modelo Muface es un sistema de prestación pública ejecutado por proveedores privados, con la libertad de elección de entidad y facultativo por parte de los beneficiarios. Cada año los mutualistas pueden cambiar de compañía, entre las que suscriben el concierto, que se renueva cada tres años, o bien decidir su cobertura a través del proveedor del sistema público.

Así, alrededor de 1,2 millones de funcionarios civiles del Estado y sus familiares pueden elegir entre la red sanitaria pública y la privada. El 85% de ellos eligen Muface de cabeza, dado que además de estar asistidos por la red privada, tienen otros beneficios como la cobertura en endodoncia y óptica o audífonos, que no cubre la Seguridad Social, además de prestaciones de pensiones en los supuestos de jubilación, viudedad, orfandad, invalidez, enfermedad o pérdida temporal de trabajo, entre otros.

Hay compañías que defienden este modelo asistencial porque genera ahorro al sistema, pero expertos cifran entre 60 y 70 millones el sobrecoste anual que genera para las arcas públicas.

Pese a todo, el colectivo de funcionarios, en general, se muestra satisfecho con el servicio, aunque también está inmerso en un mar de dudas respecto a su continuidad en un futuro próximo (algunos no le otorgan vida más allá de dos años). De hecho, los continuos cambios de mutualidad han llevado a miles de empleados públicos a decidirse por el cambio al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).